Una mirada…Num 18

 

 

SINDICATO DE TELEFONISTAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA

 

 

“UNA MIRADA Y REFLEXIÓN CON EQUIDAD DE GÉNERO”

 

SECRETARÍA DE EQUIDAD DE GÉNERO STRM

VICEPRESIDENCIA DE EQUIDAD Y GÉNERO UNT

ENERO 2011

NO. 18 

La Secretaría de Equidad de Género del STRM en conjunto con la Vicepresidencia de Equidad y Género de la UNT, tenemos el agrado de darles a conocer el 18º número de:

 “Una mirada y reflexión con Equidad de Género”

 

Recordándoles que el objetivo de este espacio de difusión es tratar temas de la mujer para contribuir a la creación de una conciencia con Equidad de Género.

 

Las noticias incluidas se recopilaron del suplemento llamado TODAS del diario MILENIO y de CIMAC, de fecha

24 de Enero del 2011.

Esperamos sus valiosas sugerencias y comentarios:

teresaamg@strm.org.mx

 

“Tapaderas” de Peña Nieto frenaron alerta por feminicidios en el Edomex

Con 20 votos en contra, 11 a favor y dos abstenciones, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) rechazó la apertura de una investigación para determinar la procedencia de una Alerta de Violencia de Género (AVG) en el Estado de México por el registro de 922 asesinatos de mujeres entre 2005 y 2010.

La vocera del grupo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Leticia Quezada, tachó esa decisión de una irresponsabilidad y anticipó que en breve interpondrá una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CDHEM) por las omisiones de la autoridad frente a esos crímenes.

“Vemos con mucha tristeza la irresponsabilidad por parte del Sistema Nacional para Prevenir, porque hay una serie de tapaderas para que no se conozca lo que está ocurriendo”, puntualizó.

La senadora perredista Claudia Corichi se declaró “molesta, agraviada y decepcionada” por la negativa a investigar de manera formal los 922 asesinatos de mujeres y eventualmente declarar una alerta de género en el Estado de México.

Todos los estados priistas, dijo, votaron en contra de que se abrieran las investigaciones referentes a los crímenes cometidos en contra de las mujeres en el Edomex y eso es una muestra de que las y los funcionarios federales y estatales se preocuparon más por defender la imagen del gobernador Enrique Peña Nieto que por salvaguardar los derechos de las mujeres.

La AVG, explicó, era para “obligar a que las autoridades de esa entidad cumplan con sus responsabilidades públicas, y eso, por supuesto que es un tema de voluntad política”, afirmó.

Esta es la segunda ocasión que se rechaza la posibilidad de declarar una Alerta de Violencia de Género en una entidad. La primera ocurrió el 20 de julio de 2009, cuando el Sistema Nacional rechazó otra solicitud por agravio comparado para Guanajuato, por las reformas que penalizan el aborto en la entidad, pero al igual que esta ocasión, el Sistema descartó la investigación Al respecto, Ana Yeli Pérez Garrido del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) y abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), dijo a Cimacnoticias que este hecho demuestra la falta de voluntad política del Estado mexicano para proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Detalló que durante la reunión del Sistema, presidido por la Secretaría de Gobernación, “los argumentos se politizaron, se habló de que la AVG era un golpe para el gobernador priista y no fundaron la improcedencia en argumentos de hecho o jurídicos”.

En cinco años del gobierno de Enrique Peña Nieto (2005-2010) los homicidios dolosos de mujeres sumaron 922, según datos de la propia Procuraduría General de Justicia del estado (PGJEM). “Pero este hecho no les parece suficientemente grave (a los integrantes del Sistema Nacional) como para iniciar una investigación”, acusó Pérez Garrido.

De acuerdo con la PGJEM, en 2005 se registraron 98 homicidios dolosos de mujeres, en 2006 hubo 138, en 2007 161, para 2008 176, en 2009 ocurrieron 205 y hasta agosto de 2010 se denunciaron 144. Para colmo, de cada 10 asesinatos dolosos de mujeres 9 están en la impunidad.

En la sesión del Sistema, detalló, las y los integrantes “dijeron, incluso, que los tratados internacionales firmados por México, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, no son vinculantes para el Estado de México”.

Además, el Sistema Nacional cuestionó las estadísticas utilizadas por el OCNF en la solicitud de AVG por la violencia feminicida en la entidad, a pesar de que los datos se basan en información proporcionada por la PGJEM.

La improcedencia de la investigación muestra que “las autoridades mexicanas no tienen ningún compromiso con los derechos de las mujeres”. Y envía el “mensaje incorrecto” a la sociedad: “la violencia de género no existe, por lo que ésta no se atiende, ni previene, dejando a las mexiquenses en la indefensión”, lamentó Ana Yeli Pérez.

Con ello, el Sistema, integrado por las secretarías de Seguridad Pública, Desarrollo Social, Salud, Educación Pública, entre otras, “minimiza los asesinatos de mujeres por su condición de género, pues en el fondo no se trata de si las cifras coinciden, el problema de fondo es que no debe haber una sola mujer que muera por ser mujer”, declaró por separado a Cimacnoticias la ex legisladora Angélica de la Peña.

La también integrante de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres indicó que tras el cuestionamiento de las autoridades acerca de la precisión de las cifras, está la falta de voluntad política y de compromiso efectivo para cumplir con las leyes que protegen la vida de las mujeres.

La AVG es un mecanismo derivado de la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, la cual entró en vigor el 2 de febrero de 2007 y su reglamento fue publicado el 11 de marzo de 2008.

El OCNF, integrado por más de 40 organizaciones del país, ha hecho tres solicitudes para decretar la AVG: Oaxaca y Chihuahua (por violencia feminicida), y Guanajuato (por agravio comparado).

*MILENIO/CIMAC

Redacción*

Desafíos para la igualdad

 

El progreso que se logre en estos tres aspectos permite una igualdad de género y se traducen en autonomía física, política y económica, entendida esta última como la posibilidad de acceder a la toma de decisiones y contar con un trabajo digno que rebase la visión de la división sexual del trabajo.

A su vez, la dimensión de estas desigualdades permite conocer los efectos que ha tenido la crisis económica internacional en este segmento de la población mexicana.

En este balance se tienen que agregar los efectos que han generado las políticas de libre mercado y reducción del papel Estado en la esfera económico-social y que solamente han agudizado las desigualdades sociales y muy concretamente las de género.

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2007 el porcentaje de mujeres sin ingresos propios en América Latina fluctuaba entre 33 y 43 por ciento, por tanto su incidencia en la desigualdad es alta y las vuelve más vulnerables a los efectos de una recesión económica.

Para el caso de México, si bien es cierto que la economía muestra signos de recuperación ésta no puede ser confiable. Dado su dependencia respecto a Estados Unidos, es conveniente considerar que la Reserva Federal (FED por sus siglas en inglés), equivalente al Banco de México, estima que los niveles de actividad económica que se tenían en ese país antes de la crisis se recuperarán dentro de cinco o seis años.

Frente a esta expectativa la pregunta obligada sería si aquí, el país y las mujeres, están en condiciones de esperar otros seis años de continuidad, para ver si acaso se genera un desarrollo económico-social que permita cerrar las brechas que hoy les impiden un desarrollo pleno.

No cabe duda de que los cambios hay que provocarlos, no son de generación espontánea, requieren de la participación activa y consciente de la sociedad organizada y la mujer tiene ahí una gran responsabilidad como fuerza motora de esta transición.

¿QUÉ IMPLICA ESTA CONTINUIDAD?

En lo que hace a los derechos sexuales y reproductivos que le permiten conocer, decidir sobre sus cuerpos y contar con servicios de salud (autonomía física), el balance es francamente negativo.

Hoy, en 18 estados de la República se ha penalizado el aborto; su acceso a los servicios de salud es muy limitado en cantidad y calidad, incluso estando en el mercado de trabajo y a pesar de que su participación como fuerza laboral se ha incrementando sustancialmente en los últimos 30 años.

Su carga de trabajo doméstico y de cuidadora ha crecido y sigue descansando en las espaldas de las mujeres, con una concepción atrasada que concibe el ámbito de lo familiar divorciado de lo social y del Estado, como si fuera una necesidad individual de ellas y no familiar y social, que se resolvería hipotéticamente mediante una flexibilización laboral como la que plantea esta reforma laboral que propuso el partido en el gobierno.

Aparentemente se confunde causa con efecto. La abrumadora presencia femenina en las jornadas de trabajo menores a las 15 horas es parte de esta problemática; repercute en el nivel de ingresos y en la seguridad laboral, ampliando las brechas de desigualdad.

Para 2009 más de la mitad (61.0 por ciento) de la población ocupada (PO) en este renglón eran mujeres y su participación creció 0.7 puntos en el primer trimestre de este año.

Además, la tasa de participación femenina alcanzó 11.58 por ciento, superando a las masculinas y nacional (último trimestre de 2009), datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En sentido estricto, esta población bien podría considerarse como desempleada o en el mejor de los casos subempleada, está seriamente lesionada su autonomía económica, especialmente si se toma

en cuenta en nivel tan bajo que tienen los salarios en todo el país, aunado a la brecha salarial.

A todas estas consideraciones habría que sumar el hecho de que el salario mínimo de México es de los más bajos de toda Latinoamérica.

El complemento de esta grave situación es la disminución de la PO en las jornadas de trabajo que van de 35 a 48 horas durante 2009 y en el primer trimestre de 2010, éstas son del orden de 1.3 a nivel nacional, 1.7 en los hombres y 0.1 por ciento para las mujeres (Inegi). Con el supuesto de que en estas jornadas completas es mejor el nivel de ingresos y hay más posibilidades de una seguridad laboral y social. Dentro del ámbito político lo que está sucediendo es que las mujeres al no ser sujetas de derechos por sí mismas se convierten en el puente entre el Estado, la familia y la comunidad para la recepción de servicios sociales, lo que explica en parte su amplia presencia en el movimiento urbano-popular.

Otro factor que influye considerablemente en la discriminación y desigualdad de las mujeres es su participación en los activos de la sociedad como son: tierra, vivienda, ingresos y agua; la atención de este renglón mediante políticas públicas es indispensable.

LAS NUEVAS PROPUESTAS

Se tiene que responsabilizar al Estado de la igualdad de oportunidades y de los procesos de democratización de la sociedad, con pleno respeto a los derechos de las mujeres.

Lo que la Cepal llama “habilitar a las mujeres en el ejercicio de la igualdad” (junio 2010). Significa que la voz pública de las mujeres se escuche en el mercado y que las mujeres estén representadas en todos los espacios de la toma de decisiones, incluidos el poder legislativo, el poder judicial, las empresas, los sindicatos y los poderes locales.

Con este espíritu, es necesario generar verdaderas políticas laborales y de protección social, donde los recursos del Gasto Público que se destinan a la igualdad y equidad de género -que reflejan las políticas públicas implementadas para estos efectos- respondan auténticamente a las necesidades de género, con una perspectiva de largo plazo.

De esta forma la transversalización de las políticas de igualdad será producto de políticas públicas de largo plazo y se podrá contar con presupuesto, capacidad técnica y poder político. En síntesis, es indispensable propiciar cambios, con una perspectiva que haga visible a las mujeres, que les dé voz y una autonomía económica.

*Economista especializada en género

ramona_melendez@yahoo.com

CIMAC

Carmen R. Ponce Meléndez*

 

 

 

En marcha, la incorporación de los derechos humanos de las mujeres en la ley

En diciembre pasado, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), presentó un nuevo marco normativo, realizado por la doctora Patricia Olamendi Torres, a partir de la revisión y estudio de los códigos penales de los 32 estados de la República Mexicana.

Durante el foro: “Armonización legislativa Penal en Materia de Violencia contra las Mujeres”, realizado en San Lázaro, la instancia gubernamental presentó el paquete de propuestas de reformas que plantearán a fin de que las mujeres víctimas de violencia puedan acceder a la justicia y armonizar las leyes de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General).

La Comisionada Laura Carrera Lugo, informó que la propuesta de este paquete de reformas consideró la revisión de 33 códigos penales, 33 códigos de procedimientos penales, diversas legislaciones de trata de personas y legislaciones de víctimas, así como 70 ordenamientos con 2 mil 583 reformas a todas las legislaciones penales mexicanas.

La propuesta retomó 36 convenios o tratados internacionales en materia de Derechos Humanos (DH), 184 recomendaciones de organismos internacionales de comités de tratados relatores; cuatro opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

“Así como alrededor de 36 jurisprudencias internacionales de comités de tratados de DH y Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) y las tres sentencias emitidas por la CoIDH contra el Estado mexicano: la relativa al caso de Campo Algodonero y las dos por la violación de Inés y Valentina, indígenas del estado de Guerrero”.

Carrera Lugo, señaló que la Secretaría de Gobernación, mediante la Conavim, colaborará sólidamente con las múltiples tareas de las y los legisladores y que este año, la Comisión se acercará a los Congresos de los estados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para impulsar la incorporación en la legislación nacional y local de figuras jurídicas “que reconozcan y garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”.

Así como para cumplir las obligaciones que el Estado mexicano tiene frente a compromisos adquiridos a partir de la firma de instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos de las mujeres.

En su momento, Patricia Olamendi Torres, consultora independiente, informó que el paquete de reformas busca dar respuesta a la Ley General, que establece la armonización de las leyes para que las mujeres puedan acceder a la justicia.

La Ley General, entró en vigor el 2 de febrero de 2007, y su Reglamento fue publicado un año después, el 11 de marzo de 2008, pese a que el plazo era de 90 días posteriores a la publicación de la Ley en el Diario Oficial de la Federación. Este tipo de retrasos ha sido una constante en cuanto a la aplicación de dicha norma.

Al respecto, la feminista Marcela Lagarde y de los Ríos, afirmó que la Ley General en sus artículos transitorios da un tiempo para llevar a cabo la armonización el cual ya pasó, sin embargo se congratuló por la propuesta presentada, así como por su promoción para el próximo 2011.

Consideró que para realizar una armonización sustancial en la materia, es preciso que ésta se realice en torno no sólo a la Ley General, sino también a otras cuatro leyes fundamentales en nuestro país que son:

La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación

Ya que “todas estas leyes deberían incluir la perspectiva de derechos humanos de las mujeres, ya que todas atienden problemáticas relativas a ellas”.

Consideró que para que la Ley General pueda aterrizar de manera correcta, es también necesario modificar los códigos civiles; por lo que se debe abrir un periodo de difusión y consulta civil, a los colegios de abogados y OSC que trabajan en la materia, antes de presentar las propuestas a los congresos locales.

Así lo solicitaron también legisladoras e integrantes de OSC provenientes de Querétaro, Michoacán; Veracruz, Guanajuato, Coahuila, Morelos y Aguascalientes, por lo que la titular de la Conavim, Carrera Lugo, se comprometió a incluir todas las iniciativas.

Lagarde y de los Ríos, advirtió que si no se toma esto en consideración antes de reformar, dentro de un tiempo mínimo se tendrían que volver a hacer reformas porque todas esas leyes se “enciman”, todas crean sistemas o comisiones institucionales para enfrentar la problemática.

*CIMAC

Gladis Torres Ruiz*

Dice Conavim que México cumple Convención Belém Do Pará

Durante el foro: “Armonización legislativa Penal en Materia de Violencia contra las Mujeres”, realizado en diciembre pasado, la Conavim dio a conocer que el diagnóstico se realizó entre 2009 y 2010, e incluye el grado de avance de las legislaciones estatales respecto a lo pactado por México en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Belém Do Pará).

Carlos Mercado Casillas, director general adjunto de la Conavim, informó que para la elaboración del diagnóstico se consideraron siete indicadores, entre los que destacan las legislaciones de violencia contra las mujeres que incorporen la violencia sexual, física, psicológica, patrimonial, entre otras.

El segundo indicador incluye la existencia de leyes sobre trata de personas, sobre acoso sexual en el trabajo, violación y abusos sexuales en el matrimonio, existencia de medidas de protección a solicitud de la víctima y la existencia explícita en la legislación de prohibición de emplear medios alternativos de solución de conflictos de violencia contra las mujeres, etc.

Mercado Casillas, agregó que en el estudio también fueron revisadas el conjunto de leyes de cada Estado relacionadas con las leyes estatales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para la Prevención y atención de la Violencia Intrafamiliar, para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas; Códigos penales estatales y de procedimientos penales.

Los resultados de este mapeo arrojaron que, “Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí, presentaron un alto cumplimiento de las recomendaciones de la Convención en materia legislativa”; es decir que incorporan todos los conceptos de violencia de género establecidos por la Belém Do Pará, para que las mujeres puedan acceder a la justicia.

Mientras que en Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas, es urgente el trabajo en torno a las recomendaciones, toda vez que el trabajo legislativo a favor de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres es inconsistente con las recomendaciones de la Convención.

REACCIONAN ORGANIZACIONES Y LEGISLADORAS

Ante los resultados del diagnóstico legislativo realizado por la Conavim, representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y varias legisladoras, rechazaron y criticaron el diagnóstico.

Ante los resultados del estudio, la diputada por el estado de Chihuahua María Antonieta Pérez Reyes, reviró que como chihuahuense ha sido testigo del desgaste social y anímico de la entidad por los altos grados de violencia que privan; por lo que, “no puedo más que deplorar y no avalar el diagnóstico que la Conavim nos presenta”.

Existen elementos duros y estadísticas muy claras que sustentan que en Chihuahua la impartición de justicia no ha llegado, ni siquiera en materia legislativa, existen leyes pero justicia no.

“Entiendo que la evaluación se basa únicamente en el avance de las leyes, sin embargo la Conavim, no debería analizar solamente un aspecto del acceso a la justicia”.

Consideró que el estudio debería hacerse desde el objetivo final de la sentencia de Campo Algodonero, la impartición de justicia. “Ese es el objetivo máximo que la Comisión debería estar evaluando en los Estados, y estoy segura de que si se centraran en ese parámetro de evaluación, Chihuahua estaría reprobado.

La legisladora por el Partido Acción Nacional (PAN), solicitó a nombre de la Comisión Especial de Feminicidios que a la brevedad la Conavim, haga llegar el documento de trabajo completo y “muestre cómo llegaron a la conclusión de que Chihuahua tiene un 100 por ciento de avance en la incorporación de las recomendaciones en materia legislativa que hace la Belém Do Pará, para que las mujeres puedan acceder a la justicia.

La Convención Belém Do Pará, se integra por 25 artículos. Define la violencia contra las mujeres como cualquier conducta que cause daño físico, sexual y psicológico a causa de su género; explica que todas las mujeres deben de tener una vida libre de violencia en lo público y lo privado, así como la libertad de ejercer sus derechos humanos.

Señala que los Estados parte deberán condenar todas las formas de violencia y por lo tanto deberán prevenirla, sancionarla y erradicarla, además de adoptar programas que ayuden a garantizar sus derechos humanos. Explica de qué manera los Estados miembros y la CIM podrán pedir opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El nueve de junio de 1984, durante su vigésimo cuarto periodo ordinario de sesiones en Brasil, la Comisión Interamericana de la Mujer, adoptó la Convención Belém Do Pará, ratificada por 31 estados de los 34 estados que integran la Organización de Estados Americanos.

*CIMAC

Gladis Torres Ruiz *

Inician jornada de protestas madres de mujeres desaparecidas y asesinadas en Chihuahua

En medio de la ola de violencia más brutal contra las mujeres en el estado de Chihuahua –donde tan sólo en 2010 se registraron 446 asesinatos, la cifra más alta registrada desde 1993–, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) pusieron en marcha una jornada de actividades para exigir alto a los crímenes y castigo a los responsables.

La organización Justicia para Nuestras Hijas reportó que el 2010 fue el año más violento para las mujeres en Chihuahua: mientras de 1993 a 2002 se registraron 413 homicidios dolosos contra mujeres, en el año que recién concluyó se registraron 446 asesinatos del mismo tipo.

Marisela Ortiz Rivera, directora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, dijo a Cimacnoticias que la jornada de protesta durará todo el año y que una de las primeras acciones fue tapizar las ventanas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) con las fotos y datos de las mujeres desaparecidas en la entidad.

La manifestación se realizó al cumplirse dos años de la desaparición en Ciudad Juárez de la adolescente de 17 años de edad Brenda Berenice Castillo.

Ortiz Rivera precisó que el objetivo de esta jornada es visibilizar el problema de las jóvenes desaparecidas de la entidad, las cuales aumentaron gravemente en los últimos tres años.

Dijo que tan sólo en 2008 se registraron 34 reportes de “desaparecidas de riesgo”, es decir, de casos en los que las autoridades descartan que la víctima “huyó con el novio o vivía violencia en el hogar”.

Explicó que en 2009 hubo 73 de estos casos y en 2010, 29. Recordó que en 2007 sólo se registraron 4 casos. Las jóvenes desaparecidas tienen entre 15 y 18 años de edad, precisó.

Marisela Ortiz criticó la falta de voluntad política del gobierno de Chihuahua para buscar a las víctimas, por ello, detalló, se decidió pegar en las ventanas de la Fiscalía las fotos de las mujeres cuando se cumpla el aniversario de la desaparición de alguna de ellas. Subrayó que es una protesta simbólica para “restarle luz a la autoridad que mantiene a las víctimas y sus familias en la oscuridad”.

Ortiz adelantó que en este mes de enero se realizarán cuatro actos similares en las instalaciones de la Fiscalía.

VIOLENCIA INCONTENIBLE

Norma Ledezma, coordinadora de Justicia para Nuestra Hijas, precisó que en el estado una mujer fue asesinada cada 20 horas durante el 2010. “Agosto y octubre fueron los meses más violentos para las mujeres, ya que se registraron 51 y 62 asesinatos respectivamente”, detalló.

Ciudad Juárez fue la localidad que mayores niveles de violencia registró contra las mujeres. “306 de los 446 homicidios dolosos fueron cometidos en este municipio, lo cual representa un 69 por ciento de la totalidad de los casos registrados en Chihuahua”, precisó en un comunicado.

En entrevista por separado, Irene Miramontes, integrante de Justicia para Nuestras Hijas, afirmó que el incremento de asesinatos dolosos contra mujeres en la entidad es reflejo de una política inadecuada para resolver el feminicidio.

Señaló que existen distintos mecanismos, como leyes e instituciones para combatir la violencia, pero que no han alcanzado el objetivo. A esa situación, abundó, se suma el aumento de la inseguridad que priva en el estado y el clima de violencia.

“Es un ambiente óptimo para los hombres que asesinan mujeres, ya que saben que no serán castigados y que pueden actuar en total impunidad pues ésta les permite sentirse dueños de las mujeres y que pueden hacer con ellas y sus cuerpos lo que quieran”, afirmó la activista.

Según información de diarios locales, en lo que va de 2011, han sido asesinadas cinco mujeres, dos de ellas fueron violadas sexualmente, torturadas y asesinadas en Ciudad Juárez. Las víctimas tenían entre 20 y 25 años de edad.

TRATA DE PERSONAS

Marilú Andrade, directora de asuntos jurídicos de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, demandó que las autoridades acepten las denuncias de desaparición de mujeres y que investiguen el posible delito de trata de personas. “Tenemos los argumentos suficientes para mostrar que el 17 por ciento de los casos de desapariciones de mujeres jóvenes están ligados a la trata”, explicó. La activista detalló que en estos casos el patrón y el perfil de la víctima son similares, es decir niñas de entre 15 y 18 años de edad que desaparecen en la zona centro de Juárez, por mencionar algunas similitudes. “Tenemos dos casos en que las jóvenes acudieron al mismo lugar de la zona centro a pedir trabajo antes de desaparecer”, a pesar de ello la Fiscalía no las acepta como trata de personas, señaló.

Marilú Andrade precisó que tienen seis casos documentados en los que existen argumentos para sostener que hubo trata de personas, por ello solicitaron que la Unidad de Personas Ausentes y Extraviadas de la Procuraduría estatal deje el caso a la Fevimtra.

Detalló que en algunos casos las y los familiares han recibido llamadas telefónicas de sujetos que les dicen que la joven desaparecida se encuentra en algún estado de la República, y que cuando las autoridades rastrean la llamada y llegan al domicilio no realizan interrogatorios ni investigan a quienes viven el lugar.

*CIMAC

Gladis Torres Ruiz*

Arranca Michelle Bachelet trabajo con ONU Mujeres a favor de la equidad

El mecanismo junto con la sociedad civil, trabajará para impulsar la participación femenina en la productividad, el crecimiento económico y la política; y además erradicar la discriminación, la exclusión y la violencia contra las mujeres.

La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, dijo que “este es un momento de grandes esperanzas ya que representa una oportunidad histórica de acelerar el logro de aquello por lo que han trabajado durante años quienes abogan por la igualdad de género”.

El pasado 2 de julio, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó por unanimidad crear ONU Mujeres como una nueva entidad para acelerar los progresos de atención de las necesidades de las mujeres y las niñas del mundo. Esta organización fusiona y dará continuidad al trabajo de cuatro instancias de la ONU: la División para el Adelanto de la Mujer, el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer.

Naciones Unidas destacó que con ONU Mujeres, se consolidan y expanden los trabajos de la organización orientadas a lograr la igualdad de género en todo el mundo. Respaldada por el movimiento global de mujeres, esta agencia internacional impulsará considerablemente los esfuerzos de la ONU para “promover la igualdad de género, expandir las oportunidades y superar la discriminación alrededor del mundo,” declaró el secretario general Ban Ki-moon.

*CIMAC

Redacción

Pretende legisladora panista desalentar el uso del condón

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), quien forma parte de la Asociación Civil Enlace, una instancia que se opuso a la entrega de libros de ciencias en secundarias, por considerar que se promovían con esto las relaciones promiscuas, argumentó en tribuna que la publicidad sobre preservativos deberá prevenir al consumidor sobre el “riesgo” del uso del condón.

Insistió en que la Ley General de Salud debe establecer que la publicidad en preservativos incluya la leyenda “la fidelidad a una pareja estable, disminuye el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual” y que esta información se difunda en los medios a partir de las diez de la noche.

Mientras que la iniciativa de la también conferencista en temas como Escuela para padres y valores humanos, fue turnada a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para su análisis, la directora de Salud Integral para la Mujer (Sipam), Axela Romero, la calificó como un error.

Se trata, dijo, de una iniciativa que no responde a la realidad social. “Es cierto que hay un margen de ineficiencia, pero de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud el condón tiene una confiabilidad de 98 por ciento”.

No obstante, esa no es razón suficiente para desalentar su uso, ya que esto se traduciría en un mayor número de contagios de infecciones de transmisión sexual y de embarazos no deseados. “No necesitamos una posición radical y fundamentalista, sino información sobre los riesgos y cómo reducirlos”, afirmó.

De acuerdo con la legisladora panista, existe una falla en el uso del condón principalmente en jóvenes 29 años, ya que tienen mayor dificultad para usarlo y presentan deslizamientos y roturas en mayor proporción. En relación a la prevención del VIH, señaló que el condón sólo tiene una efectividad del 80 por ciento.

En este contexto, Axela Romero, dijo que se debería normar la publicidad para evitar contenidos homofóbicos, sexistas y que alientan la violencia, pero no limitar el ejercicio de la sexualidad. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), los hombres inician su vida sexual activa a los 15 años y las mujeres a los 16, por lo cual la educación sexual debe ser proporcionada desde la temprana infancia“.

*CIMAC

Anayeli García Martínez*

Nada favorable, el diagnóstico para las mujeres en Oaxaca

Consciente de esta realidad, la nueva directora general del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, no se amedrenta ante el enorme reto que tiene por delante y está convencida de que se pueden hacer cosas importantes para mejorar la situación de la población femenina de dicha entidad.

“Tenemos un diagnóstico de discriminación de verdad lamentable. En educación, por ejemplo, del número total de personas analfabetas (47,055), el 52 por ciento son mujeres; en salud somos uno de los estados con mayor mortalidad materna, 70 defunciones en promedio al año, es decir, una mujer muere por este mal cada seis días, de hecho en 2008 fuimos el nada honroso primer lugar; se tiene un porcentaje alto de mujeres con cáncer cérvico uterino: una mujer muere por esta enfermedad cada tercer día”, detalla.

Pero eso no es todo y continúa con las graves cifras: en acceso a la tierra se estima que sólo 17 por ciento de quienes poseen derechos agrarios ejidales son mujeres, sin considerar que 60 por ciento de la tierra en el estado es comunal.

En participación política, explica, aun cuando en el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales exista la obligatoriedad de los partidos políticos para que las mujeres puedan acceder a cargos de elección, en la pasada legislatura del Congreso local había sólo 9 mujeres de 42 curules, mientras en la actual legislatura el número ascendió a 15 mujeres. En tanto, en los 570 municipios, en el periodo 2008-2010 se eligieron ocho presidentas por el sistema de partidos políticos y tres por el de usos y costumbres (418 municipios eligen a través de este régimen). En las elecciones de 2010 ganaron 11 mujeres por el régimen de partidos políticos y cuatro por el de usos y costumbres.

Después de este contexto, Anabel López Sánchez reconoce que el contexto en la entidad es, definitivamente, de una total discriminación hacia las mujeres.

La nueva titular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña expone que otro problema que requiere inmediata atención es el de la violencia contra la población femenina, ya que si bien no existe un sistema único de información que permita dar cuenta de la situación de violencia que viven las mujeres, como tampoco de los feminicidios, estimaciones de las organizaciones de la sociedad civil oaxaqueñas indican que en el periodo de 1999 a 2003 hubo 351 asesinatos de mujeres; en 2004 hubo 46; en el periodo 2005-2007 se cometieron 90; en 2008 la cifra llegó a 55; y en 2009 a 58. Además, hubo 87 mujeres desaparecidas de 2006 a 2009 y en los últimos diez años, mil 422 sufrieron violencia sexual, cerca de 600 mujeres asesinadas y en la mayoría de los casos existe impunidad.

Todo lo anterior significa un gran reto para Anabel López, quien explica que en este momento se encuentran en la etapa de definición del plan integral de trabajo, que tiene que basarse en el Plan de Desarrollo Estatal, aunque ya existen líneas de acción muy concretas: atención y prevención de la violencia; transversalidad de la perspectiva de género en los distintos ámbitos del gobierno de Oaxaca; fortalecimiento del trabajo con municipios.

Subraya que para el instituto a su cargo es muy importante fortalecer el trabajo para el avance de las mujeres a nivel municipal, por lo que se explorarán las estrategias existentes para la creación de instancias municipales, que promueve el Instituto Nacional de las Mujeres, así como para regidurías de equidad y una Comisión de Género en los cabildos, además de la agenda legislativa, donde es muy importante la armonización de las leyes estatales con las federales y con los convenios internacionales.

La titular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña precisa que existen 22 instancias municipales de la mujer , por lo que aún falta mucho por hacer en ese rubro y, sobre todo, ver si las actuales autoridades las ratifican porque no existe un mecanismo que obligue a la autoridad entrante a que permanezcan las instituciones.

Ante la alta cantidad de municipios que se rigen por usos y costumbres, Anabel López señala que se debe trabajar con las asambleas comunitarias, con las autoridades municipales y con las mujeres indígenas, porque es innegable que hay usos y costumbres que han garantizado la permanencia de los pueblos indígenas, sin embargo hay usos y costumbres que atentan contra la libertad y los derechos de las mujeres, cuestiones que se deben trabajar con los municipios indígenas y con las autoridades municipales.

Finalmente, detalla sus mayores retos para los próximos seis años: fortalecer y trabajar en la creación de grupos de mujeres en los ámbitos municipales, donde tengan las herramientas necesarias para exigir sus derechos y participación; echar a andar la propuesta integral de atención a la violencia contra las mujeres; y, avanzar en la asignación de presupuesto etiquetado para las mujeres.

Alejandro Rivero

La violencia no tiene pausa

La discriminación, como una de las tantas formas en que la violencia se manifiesta, no es excepción. Es en sí misma el obstáculo a superar y, como tal, no depende ni puede depender de ninguna otra condición.

Erradicar la violencia contra la mujer, como cualquier otra violencia, es una necesidad de toda la sociedad y proteger a la sociedad es una obligación fundamental del estado, que justifica incluso su existencia misma. La satisfacción de las obligaciones fundamentales, por definición, no depende ni está sujeta o restringida por los cálculos, la utilidad o las circunstancias

 La garantía de protección contra la violencia, como obligación del estado, es un fin en sí misma. Transformarla o utilizarla en el discurso electoral la sitúa nuevamente en un terreno que no corresponde con el debate y el análisis que conviertan la obligación en acción; la aleja del terreno en el cual la responsabilidad tiene peso, sentido y fortaleza.

En el caso de la solicitud que promovió una asociación civil para que se decretara una alerta de género –mecanismo de protección hacia las mujeres establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia— en el Estado de México, se evidenció que aún no es suficiente con tener un marco normativo que ofrezca alternativas a la ciudadanía para denunciar la violación a diversos derechos.

El Sistema Nacional de Prevención de Violencia en Contra de las Mujeres encontró su tope, no en la falta de elementos jurídicos o técnicos para atender a las más de 900 mujeres y sus deudos que podrían haber sido víctimas de un feminicidio en ese estado, sino en el argumento de que este mecanismo se utilizaba con fines electorales. Esto, como si la obligación del Estado de garantizar la protección de derechos de la ciudadanía pudiera suspenderse por encontrarse antes, durante o después de un proceso electoral.

­­­Los procesos electorales son uno de los mecanismos que tiene la ciudadanía para evaluar –positiva o negativamente- a los gobiernos; pueden reflejar satisfacción o desencanto en el desempeño de quienes gobiernan en cualquier nivel. No son, por el contrario, periodos durante los cuales la reflexión, el análisis y el pensamiento crítico deban ser suspendidos para que, llegado el día de la emisión del voto, no haya ningún pasado que evaluar. En México vivimos constantemente dentro de periodos electorales, si supeditamos lo urgente a lo procedimental, la desigualdad, la violencia, la marginación, la pobreza y la discriminación estarían permanentemente en lista de espera.

Las elecciones se hacen en función del ejercicio de gobierno, pero el ejercicio de gobierno, sobre todo cuando se trata de preservar la vida de las mujeres, no puede estar en función de procesos electorales.

Las personas no dejan de morir porque hay jornadas electorales. La muerte violenta no espera y el estado tampoco debería esperar.

En este mismo sentido, las elecciones no debieran ganarse evadiendo y ocultando lo que se ha hecho mal o lo que se ha dejado de hacer, las elecciones debieran ganarse resolviendo los inaplazables problemas que vive la ciudadanía, empezando por la necesidad de protección y garantía de una vida libre de violencia para todos y todas.

La alerta de género es sólo uno de los mecanismos de protección hacia las mujeres. El Estado no debe negarse a ninguna de las formas que ayuden a proteger a las mujeres contra la violencia, como puede ser la investigación para saber por qué razones se dan tal cantidad de feminicidios en una entidad federativa.

El sentido de las conformación de los gobierno está en torno a los intereses de la ciudadanía y no a los del grupo en el poder. Lo contrario tergiversa el sentido de la democracia y del estado y tiene efecto en contra de la ciudadanía.

La violencia contra las mujeres, por acción u omisión, es una alerta general porque entre más se vulnere a las mujeres más nos exponemos a la ruptura de lazos de confianza, de ayuda mutua, de solidaridad.

¿Por qué no reconocer el problema?, ¿por qué no decir que es grave la muerte violenta de una o miles de mujeres? Si lo hiciéramos, entonces le daríamos la relevancia y urgencia necesarias. El reconocimiento es el primer paso para tomar acciones, para cambiar de dirección, para fortalecer el ejercicio de derechos, la credibilidad, y la legitimidad de los gobiernos. Sólo así se garantizan los compromisos que dan sentido y fortaleza a los pactos.

La violencia no tiene pausa. El combate a la violencia desde el Estado tampoco debe tenerla.

Realidad en cifras

• 94.2% de mujeres opina que en México se les discrimina por ser mujeres. (Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación)

• 44% de mujeres casadas o que viven en unión libre han sufrido violencia emocional. (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares)

• 62.6% de mujeres no saben leer, frente a 37.4 por ciento de hombres. (Censo 2000)

• 64.4% de mujeres señalan que se les respeta poco o nada el obtener un pago justo por su trabajo. (Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación)

• 23.1% de los mexicanos están de acuerdo con que muchas mujeres son violadas porque provocan a los hombres. (Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación)

Alejandro Rivero

Urge ampliar facultades de la Fevimtra: Herrerías

La Fiscal insiste en que reformar la Ley de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas sería la única manera que la posibilitaría a intervenir en más casos, ya que es necesario otorgarle capacidad de atracción más amplia, no sólo en casos de violencia, sino también en trata de personas.

“Hay muchas veces que me gustaría hacer más cosas, pero es muy importante que en la ley existan las competencias. Muchas veces la sociedad cree que la Federación está por arriba de las competencias estatales y no, es una cuestión de delimitación de competencias. Tengo mi competencia, el estado tiene su competencia, no hay jerarquía, entonces hay que actuar siempre respetando esta competencia de los estados y cuando el estado me pide colaboración hacemos diligencias comunes”, aclara.

Incluso, comenta, hay casos particulares donde participamos como, por ejemplo, la sentencia de Campo Algodonero en Ciudad Juárez donde nos han pedido colaboración en materia de asistencia jurídica y denuncias que se tienen que recabar en el extranjero.

Y es que hay que agregar que la Fiscalía enfrenta otra problemática para actuar: si la delincuencia organizada interviene en los casos de violencia contra las mujeres entonces la competencia es de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

De esa manera, explica Herrerías, la Fevimtra tiene como principal actividad la averiguación previa y la persecución de delitos, sin embargo tiene un área de atención a víctimas que cuenta con cuatro centros de atención, donde cualquier mujer que es víctima de violencia acude a estos lugares.

“Nosotros creemos que la gente no tiene que saber qué es competencia federal y qué es competencia local. Nosotros recibimos a las mujeres y las asesoramos de qué autoridad les puede resolver y les damos acompañamiento sicológico, de trabajo social y también vamos con ellas a realizar el trámite legal correspondiente, sobre todo cuando es en el Distrito Federal, pero inclusive hemos llegado a ir a algunos estados para acompañarlas y solucionarles el problema”, detalla.

Señala que si de la narración de los hechos de las víctimas se observa que existe un delito, ellas presentan la denuncia ante la Procuraduría General de la República, pero sólo cuando es competencia federal.

¿Cuándo hay competencia? Lo más común para que se federalice un delito de violencia es cuando interviene, por ejemplo, un servidor público. Entonces, la mayor parte de las averiguaciones previas de la Fevimtra tiene que ver con hostigamiento sexual de servidores públicos o en algunos casos con escuelas de la Secretaría de Educación Pública, donde son hostigadas o abusadas sexualmente las y los niños. Sin embargo, algún caso de homicidio generalmente es de competencia de los estados.

Sara Irene Herrerías expone que sin duda alguna, ante la situación que se vive en muchas entidades, como Ciudad Juárez donde en los últimos días han asesinado a dos activistas de derechos de las mujeres, la sociedad civil voltea a ver a la Fevimtra, incluso muchas organizaciones han asistido a pláticas para conocer hasta dónde puede intervenir la dependencia federal.

En Ciudad Juárez, especifica, se tiene una Fiscalía donde hay averiguaciones previas y casos de desaparecidas, pero son únicamente de asuntos donde la Procuraduría estatal les pide colaboración o cuando se ve que tras la desaparición hay un delito como puede ser la trata de personas, homicidio o lesiones.

Sin embargo, reitera, la Fevimtra siempre acude y participa en caso de que alguna autoridad local lo solicite.

En el caso de Marisela Escobedo, activista asesinada en Ciudad Juárez, que demandaba justicia por el homicidio de su hija Rubí Frayre, la fiscal indica que se reunió en diversas ocasiones con Marisela y desde un principio se coadyuvó para la orden de aprehensión en contra de Sergio Barraza.

A partir del homicidio de Marisela, la Fevimtra mandó un oficio al fiscal general de Chihuahua para hacerle saber que contaba con el apoyo y colaboración de la dependencia para hacer la investigación.

Apunta que en Ciudad Juárez se está agudizando la violencia porque mujeres como Marisela y Susana Chávez están teniendo el valor de defender los derechos de muchas otras mujeres y se les está poniendo un freno muy violento con su propia muerte.

Esta defensa de los derechos de las mujeres, sostiene, se ha agravado en Ciudad Juárez porque no sólo es la violencia contra las mujeres, sino que hay una violencia extrema ligada al delito de trata, porque varias desapariciones tienen que ver con las redes que captan a las mujeres para comercializarlas y llevarlas con fines de explotación, principalmente sexual.

Afirma que más que aumentar la violencia, se está visibilizando el problema gracias a todas las mujeres que saben cuáles son sus derechos y los están denunciando.

Para impulsar la denuncia, la Fevimtra cuenta con una estrategia de denuncia segura, en coordinación con el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión de los Derechos Humanos y con organizaciones de la sociedad civil, para que a través del correo electrónico atencionmujeres@pgr.gob.mx, se levante la denuncia y se les garantiza plena confidencialidad, instrumento que ha permitido incrementar las averiguaciones previas.

Asimismo, cuentan con el número telefónico

01 800 00 854 00, donde pueden denunciar o solicitar asesoría jurídica y/o apoyo sicológico.